Un detallado estudio de los 5 meses de pandemia revela grave exposición de médicos, enfermeras y personal de apoyo al contagio con el virus.

Desprotección sostenida frente al Covid-19, precarización de condiciones laborales, mal manejo de los casos positivos e incremento de la carga mental.

La encuesta fue realizada entre el 29 de marzo y 21 de julio del 2020 y participaron 1562 trabajadores de la salud de todo el país.

Bogotá agosto 18 de 2020. Más de 22 organizaciones del sector de la salud denuncian grave situación e incumplimiento de los empleadores, ARL y gobierno nacional frente a las garantías para enfrentar la pandemia. Esta conclusión se soporta en el estudio realizado por estas organizaciones y en el que participaron trabajadores de 10 profesiones -enfermería, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, fonoaudiología, terapia ocupacional, bacteriología, odontología, terapia respiratoria, medicina, nutrición- y trabajadores auxiliares, técnicos, tecnólogos, de labores administrativas y de apoyo en la prestación de servicios de salud.

Las asociaciones, colegios y sindicatos diseñaron una encuesta electrónica que fue respondida entre el 29 de marzo y 21 de julio del 2020 y en la que participaron 1562 trabajadores de una gran parte de los departamentos del país. La encuesta, que consta de 45 preguntas, indaga sobre información individual y laboral en las instituciones a las que prestan sus servicios, herramientas de bisoseguridad, impactos en condiciones de salud y precarización laboral.

Dentro de los resultados se destaca que en relación con el conjunto de condiciones de bioseguridad, que incluye además de la entrega de equipos de protección personal, la incorporación de protocolos, reorganización de procesos y espacios y mejoras estructurales, que tan solo el 65% de los trabajadores con contrato directo y estabilidad cuenta con el cumplimiento de condiciones de bioseguridad, porcentaje que disminuye a 54% en el caso de los trabajadores por orden de prestación de servicios u otras modalidades de contrato precario.

Dado que en el sector salud, de cada 10 trabajadores, más de 6 tienen formas precarizadas de contratación, se puede afirmar que gran parte de la fuerza de trabajo está laborando en condiciones críticas de desprotección. Una muestra desgarradora de esta situación se refiere al incumplimiento en la entrega con suficiencia, oportunidad y pertinencia de 10 implementos de protección (guantes, mascarillas quirúrgicos, delantal o peto protector, uniformes quirúrgicos, batas, polainas, gorros, gafas, visor protector, N95, tapabocas/mascarillas) en donde se reporta que en ninguno de los casos se garantiza el 100% siendo las situaciones más críticas la entrega de guantes, delantales y uniformes quirúrgicos con un reporte de tan solo 5.4%, 23 % y 36% respectivamente. El 84.4% de los participantes en este estudio se encuentran afiliados a Positiva, Suratep, Colmena, Colpatria y Bolívar las cuales deben responder por las acciones generadas para superar esta situación. Al respecto, el informe presentado por la Contraloría General de la República, con fecha 15 de julio, indica que la cobertura de entrega de EPP por parte del as ARL, tales como Sura y Positiva es insuficiente alcanzando tan solo entre el 15 y 20% de sus obligaciones[1].

Esta situación abre el interrogante en relación a los recursos adicionales que el gobierno nacional, a través de los Decretos 488 y 500 de 2020 así como las Circulares 017 y 029 de 2020 del Ministerio de Trabajo, destinó específicamente para la entrega de equipos de protección personal por parte de las ARL, los cuales asciendan a 5% del total de las cotizaciones más otros recursos adicionales.

En relación al manejo de los casos positivos Covid-19 las organizaciones diseñaron un segundo instrumento orientado a caracterizar el impacto en las condiciones de salud y su manejo durante la atención a la pandemia. Este instrumento fue respondido por 1869 trabajadores dentro de los que se identificaron 264 casos con sintomatología y/o diagnostico confirmado de Covid-19 positivo. Los hallazgos destacan que se ha presentado un manejo inadecuado de estos casos destacando situaciones como ausencia de reporte a las ARL (42%), continuación de las actividades laborales a pesar de la presencia de síntomas (21%) y cuarentenas sin garantía de salarios (16%). Dentro de las condiciones que incrementan el riesgo de infección por coronavirus se identifica que trabajar en la alta complejidad es una condición que potencia el riesgo en un 40%.

En términos de la salud mental se identifica que un alto porcentaje de los encuestados refiere estrés y sufrimiento mental y se establece que tener contacto con pacientes con Covid-19 incrementa el riesgo de tener problemas salud mental en un 47%; trabajar sin protección individual, en un 25% y sin protocolos en un 29%. Estos aspectos sumados al hecho de que durante la pandemia los participantes refieren que se ha presentado incremento de la carga de trabajo (31%), de la jornada laboral (21%) y disminución del salario (20%), configuran una condición de trabajo muy crítica para los y las trabajadoras, nuevamente con peores indicadores para los trabajadores con contrato indirecto y sin estabilidad.

Otro grupo que presenta una condición de mayor exposición se refiere a los trabajadores que realizan actividades domiciliarias. Esta es una situación que requiere atención especial por parte de las empresas y empleadores responsables de estos servicios dado que se asume que la exposición en servicios domiciliarios y comunitarios es menor que en áreas clínicas, lo que termina por subvalorar el riesgo. Adicionalmente se encontró que estos trabajadores en un alto porcentaje tienen contrataciones precarias por lo que, como ya se presentó, la exposición se incrementa. Así, el Covid-19 se ensaña con los grupos de trabajadores precarizados tanto en sector de la salud como en la economía en general.

Con base en esta información, las organizaciones de trabajadores vienen realizando acciones de denuncia legal y social y harán un seguimiento estricto al manejo de los recursos destinados a garantizar condiciones de trabajo dignas y exigen que los órganos de control hagan un proceso similar, particularmente en lo relacionado con las acciones realizadas por las ARL, que en palabras del procurador general de la nación, “han sido negligentes lo que ha provocado el contagio y la muerte del personal de salud”[2]. Asimismo, estas organizaciones vienen promoviendo la conformación de un pacto nacional dentro del cual se incluye la generación de garantías plenas para el trabajo en el sector salud.

[1]Contraloría general de la república. Comunicado 090. ¿Cómo trabaja el personal con exposición directa al Covid? Contraloría recibe y tramita múltiples denuncias ciudadanas por deficiente o nula entrega de elementos de protección personal.

[2] Gossain J. “Esta es la verdadera situación que vive en médico en Colombia”. El Tiempo, 12 de agosto de 2020.

TOMADO DE: https://elmedio.info