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Bogotá, 11 de marzo de 2019

Constitucional y legalmente los colombianos tenemos el derecho a participar en las decisiones que nos afectan.

Para el caso particular del Plan Nacional de Desarrollo –PND, actualmente en trámite legislativo, la Ley 152 de 1994, permite la participación de los sectores sociales. Pese a que los trabajadores insistimos ante el gobierno nacional, en la necesidad de concertar un capítulo sobre el trabajo decente, nunca fuimos atendidos.

El PND, “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, contiene una serie de reformas de orden laboral, tributaria y pensional encubiertas, que aumentan la precarización y la desigualdad social en Colombia.

Este PND legaliza y legitima la contratación laboral por días en el campo y la exoneración del pago de los aportes a la seguridad social, a los patronos.

Estas medidas incrementarían la precarización laboral, con salarios por debajo del mínimo legal vigente y reglamentado, eliminando los derechos de estabilidad laboral, asociación sindical y contratación individual y colectiva. Igualmente, y como efecto a largo plazo, negaría a estos ciudadanos la posibilidad de pensionarse dignamente, sometiéndolos al sistema de los beneficios económicos periódicos, “BEPS”.

Señalamos que el contenido de éste PND 2018-2022, desconoce los principios constitucionales de participación, diálogo y concertación, al incorporar unilateralmente en su contenido, reformas de carácter regresivo a la normatividad laboral vigente, desatendiendo realidades referentes a la implementación del teletrabajo, trabajo virtual, trabajo temporal o por horas, al tiempo que propone, incentivar la formalidad laboral “mejorando el costo de contratación formal de los trabajadores (…) incluyendo una propuesta de flexibilización de los costos laborales no salariales” (PND 2018, p. 179).

De otro lado, se evidencia la intención del Gobierno Nacional, de fomentar una presunta formalidad laboral, traslapados en los “elementos técnicos para una metodología de ajuste gradual del salario mínimo” (PND 2018, p. 179).

Lo anterior determina la imposición de una figura de “formalidad laboral flexible” que materializa la real política laboral y salarial del Gobierno, de establecer salarios mínimos diferenciados, adecuados a la conveniencia de los empleadores en cada una de las ciudades.

Cambiar la fórmula de cálculo del salario mínimo, atenta contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianos, desconociendo y haciendo inocuos los principios del trabajo decente, como jurisprudencia garante del mínimo vital.

Desde el punto de vista tributario, la eliminación de los subsidios al servicio público de energía para el estrato socioeconómico 3, es un golpe directo contra más de un millón de familias, a quienes, de sus menguados ingresos, se les arrebataría cerca de un billón de pesos. De igual forma se castiga el ingreso de quienes a través de las OPS, CPS u otras formas irregulares de contratación, venden su fuerza de trabajo, porque su cotización de seguridad social ya no será calculada sobre el actual 40%, sino sobre el 55% de sus ingresos.

El gobierno nacional es el principal violador de las normas de estabilidad laboral, por cuanto cerca de un millón de personas laboran con el Estado y sus instituciones del orden nacional y territorial, a través de vinculaciones precarias, contraviniendo los objetivos de desarrollo sostenibles del CONPES 3918.

Pese a lo anterior el gobierno solicita facultades extraordinarias presidenciales, para instrumentar una reforma institucional, a fin de crear o suprimir empleos y entidades.  La lectura objetiva y prospectiva de este artículo, es la crónica anunciada de una masacre laboral de grandes proporciones.

En materia de acceso a la justicia laboral y protección de derechos, el PND solo se compromete a “sensibilizar personas y empresas” respecto a las estrategias de formalización laboral, sin cumplir con su responsabilidad de prevenir y combatir los esquemas ilegales de contratación laboral, las nóminas paralelas de las entidades públicas, el uso indebido de las cooperativas de trabajo asociado o los contratos por prestación de servicios. El Gobierno no figura como garante de derechos, sino un simple capacitador que no reacciona ante los delitos cometidos por sus propias instituciones y por el Estado mismo.

En esta misma línea, el PND, solo hace mención de los compromisos internacionales, sin responsabilizarse por cumplir lo estipulado en los planes de acción laboral derivados de la firma de los Tratados de Libre Comercio, las recomendaciones del Comité de Empleo de la OCDE o las recomendaciones hechas por La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.

Es de anotar la carencia de garantías para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Por el contrario, el gobierno nacional pretende adoptar medidas para regular la multiafiliación y fragmentación sindical, lo que implica el inicio de una reforma sindical que viola los principios de autonomía, al interferir en asuntos propios del funcionamiento de las organizaciones sindicales. Con respecto al compromiso del diseño y puesta en marcha de la política pública de trabajo decente, solo hace referencia a que los Gobiernos territoriales implementen programas que promuevan el trabajo decente, sin ningún indicador, meta asociada, o consulta previa con las organizaciones de trabajadores o Subcomisiones departamentales de concertación de políticas laborales o salariales.

Insistimos, que se hace necesaria una reforma constitucional concertada con los trabajadores de la educación, de la salud, de los acueductos y alcantarillados, con el fin de actualizar y adecuar a las necesidades presentes y proyecciones futuras, el Sistema General de Participaciones “SGP”. Qué, éste se calcule con base a los ingresos de libre destinación, ya que, en los últimos dieciséis años, los sectores en mención han perdido cerca de 170 billones de pesos, debido a la desueta fórmula con la que se calcula.

Igualmente registramos, que el PND no profundiza en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, lo que traería como consecuencia su desfinanciación e incumplimiento, ocasionando consecuencias políticas, económicas y sociales de incalculables dimensiones.

Con base a las formulaciones preliminarmente esbozadas acerca del PND, los trabajadores estatales proponemos:

  1. i) Eliminación de todos los aspectos regresivos en materia laboral, pensional, tributaria y sindical que han sido anunciados en el PND;
  2. ii) Cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno Nacional en los Planes de Acción Laboral y con los demás organismos multilaterales;

iii) Compromiso explícito del gobierno nacional, con una clara y precisa política de formalización laboral, en términos de acceso a seguridad social, estabilidad laboral, garantía de los derechos laborales y ejercicio de la libertad sindical, con especial énfasis en los trabajadores rurales;

iii) Erradicación de las formas ilegales de contratación, cooperativas de trabajo asociados, y nóminas paralelas estatales;

  1. iv) Estrategias para la generación de trabajo decente, atendiendo de manera prioritaria a los trabajadores rurales, mujeres y jóvenes;
  2. v) Implementación integral del Acuerdo de paz, con presupuesto y respeto por lo pactado.

CUT – CTC – CGT

FENALTRASE, FECODE, FECOTRASERVIPUBLICOS, UTRADEC, UNETE

Boletín 02 OCE

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