Por. Diego René Gómez Puentes. Magister en Derecho Administrativo

La rebaja del 12 % al 4 % en los aportes en salud para los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos al mes -89 % del total de 2,3 millones de pensionados- suponía un esfuerzo fiscal de 1,3 billones de pesos, pero ya la cobertura para todos implica un déficit superior a los 3 billones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda1. Por ello, esta cartera había advertido que de aprobarse ese descuento para todos los pensionados, el Ejecutivo objetaría la propuesta.

La sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción, ya que, si los pensionados redujeran su aporte en los ocho puntos porcentuales propuestos en el proyecto de ley, en el primer año el sistema de salud dejaría de recibir $3,1 billones, es decir que en 2017 el déficit del sector habría sido de $8,6 billones. El impacto fiscal que tendría esa medida de reducción, es significativo, y con ello se estaría discriminando a una parte de la población por el beneficio tributario para un solo un grupo de personas2.

En suma, a la hora de proponer la reducción en alguna fuente de ingresos con o sin destinación específica, los autores del proyecto deben explicar también cómo se compensará dicha fuente y lo usual es que lo hagan proponiendo nuevos tributos, el incremento de la tasa impositiva de alguno ya existente o eliminando otros gastos que equivalen al que sería el aporte faltante. Sin embargo, la misma Corte Constitucional también ha advertido que todas las modificaciones a los aportes de parafiscales deben contar con el aval del Gobierno, y en honor a la verdad, este proyecto desde su origen No contó con el referido aval.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación3 a través de un concepto había señalado que se debían buscar alternativas que beneficiaran o mejoraran la calidad de vida de las personas en especial protección.

  • Se considera a los pensionados como una población objeto de especial protección. Sin duda, en la medida en que se avanza en edad, las personas son más vulnerables y necesitan apoyo del Estado de diversas formas. Una de esas alternativas es aliviar el bolsillo; para citar un ejemplo, en muchas partes del mundo los pensionados no pagan transporte en metro y tienen tarifas reducidas para ciertos servicios públicos.

  • Cuando una persona se pensiona, su ingreso se reduce drásticamente. En muchos casos, el decrecimiento puede ser hasta del 80 por ciento, hecho conocido técnicamente como brecha pensional. Con un atenuante, la mesada representa el único o principal ingreso, lo cual hace más crítica la situación. Esto aplica para todos los pensionados que obtengan una mesada superior a un salario mínimo, explica el porque, en nuestra Constitución está consagrado que las mesadas pensionales en Nuestro País deben ser al menos de ese valor.

  • El incremento exagerado de los gastos inherentes a la salud después de los 65 años. Aquellas personas que tienen medicina prepagada, observan aumentos exponenciales de las primas, es decir, del costo mensual del servicio. De otra parte, existe más necesidad de medicamentos, los cuales, en determinadas situaciones, no son cubiertos por el POS (Plan Obligatorio de Salud). Lo anterior significa que el pensionado destinará un valor representativo de su ingreso, en la búsqueda de un estado de salud adecuado para él y su familia.

El gran reto que tiene el país en su conjunto es aumentar el ahorro de largo plazo, como instrumento de construcción de una pensión complementaria. Pero el hecho es que una minoría ha tenido la posibilidad de ahorrar para su vejez, por esa razón la gran mayoría de pensionados sienten tanta preocupación con respecto al descuento que se les aplica por el POS. En este sentido, el legislador le hizo un llamado a los pensionados del país y a los trabajadores para que de manera decidida continúen en esta lucha y se sumen a las actividades que se programen desde las distintas organizaciones. Según se ha estimado, serían más de un millón 400 mil los pensionados que se verían beneficiados. Las razones del Gobierno para objetar el proyecto tuvieron que ver con su supuesta inconstitucionalidad e inconveniencia.

 

CONCLUSION.

Lo que es difícil de entender es que a una persona cuando está activa trabajando y tiene retribución plena, se le reduzca el 4 por ciento para los aportes al esquema obligatorio de salud, pero cuando se pensiona, que ve disminuido su ingreso, se incremente el descuento al triple, del 4 por ciento se suba al 12 por ciento.

Socialmente es razonable mejorar las condiciones de los adultos mayores, y rebajar el aporte del 12 al 4 por ciento en salud es un camino en esa dirección. Pero tampoco nos podemos apartar que el Estado dejará de recibir unos recursos por ese rubro.

No es adecuado argumentar, como lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, que los ahorros del Estado recaigan en los pensionados y, por ende, en el detrimento de la calidad de nuestros adultos mayores. En otras palabras, es necesario generar eficiencias en materia pensional, de allí la pertinencia de una reforma que busque diseñar un sistema general de pensiones con mayor cobertura, ajustado a la realidad demográfica de nuestro país y que se determine bajo el criterio de desarrollo sostenible.

Al margen y sin contar con el texto definitivo, la Corte Constitucional avalo las objeciones presidenciales (Noticia- 6/21/2018) al proyecto de ley que pretendía reducir el aporte de los pensionados al sistema de salud del 12% al 4%; será objeto de reflexión posterior, una vez se conozca el texto definitivo de lo decidido por la máxima Corporación en materia Constitucional.

 


1 Objeciones de inconveniencia, impacto fiscal es superior a los 3,7 billones de pesos entre 2017 y 2022
2 En diciembre de 2017 el proyecto regresó al Congreso y ratificó su decisión inicial,  que busca reducir del 12% al 4% el aporte de salud de los pensionados.
3 “es aducir la sostenibilidad fiscal para evitar la progresividad del Estado Social de Derecho o para impedir su materialización”.

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