fbpx

Saludamos complacidos a esta Audiencia que en buena hora tuvieron a bien convocar nuestro colega y Representante a la Cámara por el partido Alianza Verde del Departamento del Cauca Dr. Oscar Ospina Quintero, conjuntamente con las Organizaciones de Enfermería OCE, ANEC y ACOFAEN, por ser una necesidad sentida, sobre todo en el sector salud, el abordaje de esta temática.

Empecemos por recordar lo concebido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Trabajo Digno y Decente” y lo define como:
“La oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

Hermosa concepción y dignificante para nosotros como trabajadores del sector salud, por cuanto considera al Trabajador principalmente como persona y entiende que a ésta se le deben respetar sus más mínimas aspiraciones y derechos. Pero en Colombia estamos a años luz de que se eso ocurra, observamos en el trasegar diario la violación reiterativa de este postulado; un mercado voraz, depredador, explotador y mezquino en el reconocimiento del trato digno y decente en toda su concepción. Promover el trabajo decente contribuirá a estabilizar un modelo de desarrollo, en democracia, que ponga al centro a la persona humana y resulte, por ende, promotor de la inclusión.

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo.

¿Qué encontramos hoy en Colombia?

  1. La accesibilidad al mercado laboral limitada por múltiples factores entre los que sobresalen la forma de vinculación, el salarial y el de estabilidad laboral. Existen en Colombia por lo menos 10 formas de contratación, que se pueden clasificar de acuerdo al modo, tiempo o lugar donde se trabaja, desconociendo los elementos esenciales de un contrato de trabajo: subordinación, horario y salario.
  2. Jornadas laborales extenuantes en cuanto a duración y carga laboral. Esta asignación supera ostensiblemente lo establecido en el Código sustantivo del Trabajo vigente en nuestro país y los estándares internacionales definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Encontramos disminución de las plantas de personal donde no se reemplazan los retiros, sino que esa responsabilidad se distribuye entre los restantes sobrecargando la capacidad de éstos y sin que eso represente un incremento salarial para ellos.
  3. Formas de vinculación laboral tercerizadas que menoscaban la estabilidad laboral, el nivel de ingresos y de desarrollo personal, generando con ello la falta de compromiso de las instituciones en el cumplimiento de su objeto social y misión; afectándose también el nivel de aportes a la seguridad social y con ello la financiación del sistema. Las formas asociativas de trabajo, Cooperativas, SAS, el contrato civil, el contrato de aprendizaje, el de relevo, el temporal, el ocasional, las pasantías, el outsourcing, son entre otras las modalidades de contratación más usuales en Colombia, a pesar de que existen normas como la Ley 1233 de 2008, Ley 1429 de 2010, Decreto 2025 de 2011, Ley 1438 de 2011, Ley Estatutaria en Salud y lo ordenado en las sentencias de Constitucionalidad C-614 de 2009 y C-171 de 2012 proferidas por la Corte Constitucional. El sector Salud somos el mas informalizado, tercerizado y con la peor contratación del país; de 280.000 trabajadores de la salud en el sector público, solamente 45.000 están en las plantas de personal, con contratos basura que en promedio están suscritos a 3 meses, a un mes, es decir sin ninguna estabilidad laboral.
  4. Falta de estímulos y políticas definidas dirigidas al desarrollo, crecimiento y cualificación personal para los trabajadores, quienes para acceder a estudios posgraduales deben sacrificar su tiempo libre y sufragarlo con sus bajos salarios.
  5. Falta de reconocimiento a la cualificación y superación personal por parte de las empresas, que se exprese en niveles salariales acorde con el nivel de formación de los trabajadores, lo cual genera desmotivación sobre todo en Enfermería.
  6. Altos índices de corrupción en la administración de las empresas del sector que limitan el desarrollo de las mismas, la adquisición de insumos y equipos para una adecuada prestación de servicios. Nuestro sector ocupa el primer puesto en corrupción producto de la intermediación y el saqueo de las EPS, pero también el saqueo que hacen los Gerentes y Administradores corruptos colocados por los politiqueros y clientelistas en esos cargos. Esta corrupción es criminal, ya que el robo de los recursos de la salud se paga con vidas humanas, con humillación y atropello de la dignidad humana de los pacientes, a quienes se les niegan los medicamentos y servicios, se les deteriora la calidad de vida y se les somete a largas esperas. La crisis de los Hospitales en el País es el resultado de toda esa corrupción. Y el Gobierno incapaz sólo acude como estrategia de solución es a la liquidación de la entidad.
  7. La violación reiterativa de los derechos de los trabajadores reflejado en la falta de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, los despidos injustificados, el matoneo laboral, la inestabilidad laboral y la falta de oportunidad en el pago de los salarios.
  8. Precarias condiciones laborales reflejadas en los bajos salarios, la falta de insumos, espacios, elementos de trabajo y de protección personal para el cumplimiento de sus funciones y para brindar la seguridad que los usuarios requieren y garantizarles servicios con calidad, acorde con los protocolos de atención definidos por las normas y guías de atención en salud predefinidas. Tenemos el peor ingreso de todos los trabajadores del Estado, mientras el promedio de la generalidad de trabajadores del nivel Auxiliar de las entidades del Estado es 2.5 salarios mínimos, siendo deficitario respecto del costo de vida, en muchos casos con menos responsabilidad que un auxiliar de la salud, que tiene que responder por vidas humanas, el nuestro no alcanza 1.5 salarios mínimos y con tendencia a que se reduzca, por el chantaje de la inestabilidad y la politiquería.
  9. El señalamiento y persecución a trabajadores por reclamar sus derechos y exigir condiciones de trabajo dignas y decentes, coartando el derecho de Asociación consagrado en nuestra carta magna, llegándose incluso a atentar contra la integridad física y la vida de aquellos que de una u otra manera se han atrevido a levantar su voz de protesta contra las injusticias y desigualdades.
  10. La falta de cumplimiento del deber de las instancias gubernamentales encargadas de las funciones de la vigilancia, control y seguimiento del respeto y aplicación de la legislación laboral, lo que polariza las relaciones al interior de las empresas y así como también las de los trabajadores con esos organismos, que hoy gozan de desprestigio por su falta de imparcialidad en el manejo de las diferencias surgidas en el ejercicio laboral y como consecuencia de esto en los estrados judiciales reposan radicadas miles de demandas y denuncias por éstas situaciones, de las que no se tiene ninguna garantía de favorabilidad por la forma como se maneja la justicia en éste país.

2017 05 28 ponencia hermes 02Este es el triste panorama que tenemos los trabajadores de la salud en Colombia, pero que se acentúa mas en algunas regiones del país que en otras, en la Costa Atlántica de donde vengo las condiciones son aún peores, los salarios son aún más bajos, la tercerización reina por doquier y sin que se vea la mano del Estado para evitarlo, pero como lo van a hacer si todas esas formas de contratación están amarradas por los mandatarios regionales y locales de turno, y para acceder a cualquier contrato, independientemente de la forma, hay que hacer el lobby en las casas de los caciques políticos de la región los cuales tienen su asiento en el Congreso nacional y son los propietarios de las Cooperativas, Empresas Asociativas, las SAS y todas la figuras de intermediación existentes para éste manejo. 

En Córdoba, mi Departamento, ésta situación todavía es más profunda que en los demás Departamentos, porque allá las principales fuentes de Empleo la representan las Empresas Estatales como Las ESE’s, la Universidad de Córdoba, El SENA, el ICBF, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, la Gobernación y las Alcaldías, todas controladas por éstos honorables padres de la Patria, quienes, además, son los que recomiendan y colocan a todos los funcionarios de los entes de control, de allí la gestión de esos órganos en la exigencia de la aplicabilidad y respeto a la legislación existente.

Todo esto persiste en Colombia, a pesar de que en la Asamblea general de las naciones unidas (ONU), de la cual hizo parte Colombia, en Septiembre de 2015 mostro especial preocupación por esta situación, tanto así que definió como uno de los objetivos a trabajar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente: creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social, convirtiéndolos en elementos centrales  de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

El Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente, y será un ámbito de actuación fundamental para la OIT y sus mandantes. Además, otros aspectos claves del trabajo decente están ampliamente presentes en las metas de muchos de los otros 16 objetivos de la nueva visión de desarrollo de las Naciones Unidas.

Las declaraciones de los líderes y los planes de acción del G20, el G7, la Unión Europea, la Unión Africana y otros organismos regionales y multilaterales también confirman la importancia del trabajo decente para salir de la crisis y el desarrollo sostenible.

Para conseguir este Objetivo del trabajo decente, uno de los instrumentos que los Servicios Públicos de Empleo deben mantener, desarrollar y profundizar son los "Itinerarios Personalizados de Inserción", como forma de atención personalizada que gestione las políticas activas de empleo de forma más efectiva y afectiva.
Ante este panorama es necesario considerar el trabajo decente como eje orientador. El trabajo decente como expresión de los cuatro objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): i) acceso a un pleno empleo productivo, ii) principios y derechos fundamentales al trabajo, iii) protección social, y iv) promoción del diálogo social y tripartismo, corresponde a una aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal.

En este sentido, una política pública de trabajo decente en el país se convertiría en una herramienta fundamental para la reducción sostenible de la pobreza, sería un medio para conseguir un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible y sería una gran contribución para la consolidación de una paz duradera.

Finalmente queremos llamar la atención de todos los actores: personas, organizaciones, Empresas, instituciones formadoras de Talento Humano, Estudiantes, organismos Estatales, Estado y sociedad en general, involucrados en esta situación, para que nos comprometamos en la implementación de alternativas que nos conduzcan a lograr el respeto de los derechos de los trabajadores, la aplicación de la legislación vigente sobre el tema y la definición de políticas y programas que contribuyan de verdad con el desarrollo del octavo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, contemplados en la agenda al 2030.

Para lo cual, se deben acoger las propuestas del pliego nacional del sector salud presentado al Gobierno, que incluye la vinculación de los 220.000 trabajadores que se encuentran tercerizados cumpliendo los precedentes legales y constitucionales sobre la materia, en cumplimiento de los acuerdos de formalización laboral del presente año; se elimine la tercerización de las EPS, que los Hospitales públicos presten atención directamente al Régimen subsidiado y las nóminas de los mismos estén a cargo del sistema general de participaciones. Que se eleve a Ley de la República la recomendación 149 de la OIT sobre las condiciones de trabajo del personal de Enfermería.

Construir un Estatuto Especial para los Trabajadores de Salud, acuerdo de la negociación estatal del 2015, que aún no se cumple.

Llamamos a los trabajadores a ponernos de pie, a decirle basta a la humillación, a la corrupción, a la explotación inmisericorde, y a unirnos vinculando a las comunidades en la defensa de la Red pública Hospitalaria, de los recursos públicos, el derecho fundamental a la salud sin ningún tipo de barreras para el acceso y sin intermediarios financieros. Que aprovechemos la coyuntura de protestas que vive actualmente el país y nos sumemos al logro de las peticiones planteadas por los diferentes sectores sociales golpeados por las injusticias que pululan en nuestro país.

Comprometámonos también, en que las propuestas que surjan de las conclusiones de esta Audiencia realmente sirvan de algo, sean tenidas en cuenta y se reflejen verdaderamente en el logro de trabajos dignos y decentes en Colombia.

GRACIAS…

 

Santa Fe de Bogotá, mayo 25 de 2017.

Por:

HERMES CORDERO CAUSIL
Representante REGIONAL ATLANTICO
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL OCE